miércoles, 9 de enero de 2013

JUSTICIA POR LAS PATAS DE LOS CABALLOS

La administración de justicia está por las patas de los caballos en el distrito judicial de Lambayeque donde actuán, a vista y paciencia de todo el mundo, dos jueces totalmente venales que al parecer son comprados con dinero para emitir fallos  ilegales por sus cuatro costados.
Así  causan, evidentemente, serios problemas a los usuarios que, precisamente, recurren al organismo jurisdiccional para que le den la razón en los litigios que se les presenta porque efectivamente la tienen, respaldados enteramente por las leyes que están vigentes en el  país. Pero ni por esas consiguen su cometido, a pesar de que les corresponde.

Tal es el caso de los doctores Oscar R Tenorio Torres, Juez del Tercer Juzgado Civil Especializado de Chiclayo y la doctora Carla Yolanda Paredes Ciccia, Titular del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil, quienes han sido denunciados ante la Oficina de Control de la Magistratura, pidiendo para ellos tanto sanciones como las destituciones de los cargos que detentan.

El Juez Oscar R. Tenorio Torres.

La solicitud ha sido hecha por uno de los agraviados, teniendo en cuenta las tremendas irregularidades cometidas en un juicio por desalojo de un inmueble comercial ubicado en la calle Pedro Ruiz de la ciudad de Chiclayo y que es de propiedad  de la firma, Textiles Río Blanco S.A. representada por su Gerente General, Max Antonio Seminario Gorbitz, firmante de la  denuncia correspondiente ante dicho órgano de control.
QUE TALES JUECES
Los dos jueces paralizaron por completo, en forma  anormal e inaudita, el lanzamiento correspondiente del inmueble, señalado para el 28 de Diciembre del 2012, con sentencia consentida de por medio,  que iba a poner punto final a la controversia que se inició, hace casi dos años, del 1º de Marzo del 2011 a la fecha, porque la empresa Macalcri EIRL, inquilina del inmueble, dejó de pagar los alquileres y, al mismo tiempo, el contrato  legal vigente de arrendamiento había concluido.
Lo que está enteramente comprobado es que la doctora Paredes Ciccia, habiendo sentencia de por medio, admitió indebidos escritos de la parte demandada para dilatar por completo, precisamente, el desalojo.
Con sus actos enteramente ilegales, la magistrada, adicionalmente vulneró las acciones judiciales. Atentando, evidentemente, en contra  de un principio elemental del Derecho como es la cosa juzgada.
Por su parte, Tenorio conoció y resolvió en segunda instancia la apelación de la demanda. Por razones nada claras ni transparentes, el Juez emitió una resolución, de la noche a la mañana rapidísima, declarando nulas una serie de resoluciones y poniendo, prácticamente, a fojas cero el proceso.
De acuerdo a la opinión de los entendidos y los abogados, ambos jueces violaron la autoridad de cosa juzgada, cometiendo inclusive prevaricato y actos completamente delictuales que, de todas maneras, tienen que ser sancionados.
CON LA GRAN FAMILIA
La situación de Tenorio se agrava porque al parecer ha tenido como juez conexiones directas con la peligrosa banda de "la gran familia", que está siendo investigada ante  el Ministerio Público en la ciudad de Lima  por diversos delitos: apropiación ilícita, lavado de activos producto de extorsiones, sicariato y secuestros. Hay de por medio incluso desapariciones y asesinatos. La denuncia correspondiente la hizo en una investigación periodística el diario “La Republica, en su edición de provincias.
El caso fue traído de Chiclayo a Lima precisamente para evitar que los mafiosos presionen a los jueces, fiscales y policías de Lambayeque. En la investigación a "la gran familia", de acuerdo a muchas versiones, están comprometidos: policías, magistrados, abogados y hasta periodistas. Toda una banda mafiosa y peligrosa en acción.
El abogado Charles Palomino Bravo, conocido como “Chacho”, es el encargado de  la defensa legal de cualquier integrante de la organización que es intervenido y además es el especialista y el que  recomienda las medidas de seguridad,  para no dejar evidencia de sus actividades.
Palomino, ex policía, es el nexo con los magistrados y operadores del Poder Judicial donde han aparecido, según las denuncias periodísticas, dos nombres claves: el Juez  Superior Ricardo Ponte Durango y el magistrado Oscar Tenorio Torres, en lo civil.
 Ellos tendrían  según se ha podido comprobar, magníficas relaciones con la banda que actúa incluso, con varios integrantes  presos, desde el penal de Picsi donde se dice gozan de una serie de privilegios. Hacen en la cárcel  lo que les da la gana, a vista y paciencia de las autoridades penitenciarias.
Cabe precisar que la Secretaria del Juez Tenorio, Doris Ruiz Salazar, es una de las víctimas de la banda de la gran familia. Ella fue asesinada, por razones que no se pueden precisar con exactitud y que tendrían que ver con algún ajuste de cuentas,  por los sicarios el 3 de setiembre del 2012. Todo es tenebroso.
 Pero lo inaudito son sus amistades como los magistrados que deberían estar al otro lado del mostrador administrando justicia, y no, precisamente, de aliados de los delincuentes. Hemos llegado a la contradicción de contradicciones y no puede ser. Una necesidad perentoria e inmediata es restituir la efectiva administración de justicia. Como debe ser.

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